Funcionarios pÚblicos estÁn protegidos por procedimiento de tutela POR INFRACCIÓN A SUS Derechos FUNDAMENTALES.

Escrito el 25 de Agosto 2014 Por Francisco Acuña  |  tag: Los trabajadores del sector público se encuentran protegidos por el Código del Trabajo por medio del procedimiento de Tutela laboral, cuando se han infringido sus Derechos Fundamentales.

En fallo dividido, la Cuarta Sala de la Corte Suprema determinó que los funcionarios públicos también pueden están protegidos por el procedimiento de tutela laboral, en el marco de los procesos que se siguen ante los juzgados de Letras del Trabajo.

La sentencia de la Corte Suprema señala que los funcionarios públicos no se encuentran limitados por el Estatuto Administrativo para acceder al procedimiento de tutela laboral por infracción a los Derechos Fundamentales, regulado en el Código del Trabajo.

Lea la sentencia:

Santiago, treinta de abril de dos mil catorce.   

Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 483-C del Código del Trabajo, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo en unificación de jurisprudencia.

Vistos:
De la sentencia de nulidad dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, con fecha uno de octubre de dos mil trece, se reproduce la parte expositiva con las siguientes modificaciones:

a) En el primer párrafo, se corrige la individualización de la causa de primera instancia, en términos que donde dice causa RIT  T- 118-210, debe decir, causa RIT  T- 118-2013;

b) En el primer párrafo, asimismo, se sustituye la mención a “doña Irma Soto Rodríguez, abogado procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado”,  por “don Pablo Andrés Bussenius Cornejo”;

c) En el párrafo cuarto,  donde dice “el actor”, debe decir “la demandada”; Se mantienen los motivos primero, segundo y tercero.

Y teniendo, además, presente:

1°) Que el recurrente invoca, en primer término, la causal de nulidad del artículo 477 del Código del Trabajo, por infracción de ley que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo, en relación a los artículos 1°, 3° letra c) y 160, todos de la ley 18.834, 15 de la ley 18.575 y 1°, incisos 2° y 3°, 4°, 420 y 485, todos del Código del Trabajo, por estimar que se han interpretado y aplicado erróneamente, toda vez que, en su opinión, el tribunal a quo no tenía jurisdicción y por ende no era competente para conocer y resolver la controversia planteada. Sostiene, en síntesis, que ha habido una falsa aplicación del artículo 420 del Código del Trabajo, desde que dicha norma le otorga competencia a los Juzgados de Letras del Trabajo para conocer “las cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores por aplicación de las normas laborales”, cuestión que no ocurriría en la especie, atendido que no existió una relación laboral entre las partes, ya que el demandante se desempeñó como funcionario público a contrata en un órgano descentralizado del Estado (Cenabast), por lo que se regía por el Estatuto Administrativo, al tenor de lo dispuesto en su artículo 1° y 3°, norma esta última que define el concepto de empleo a contrata como uno de carácter transitorio que se consulta en la dotación. Sostiene que lo anterior guarda armonía con lo dispuesto en el artículo 15 de la ley 18.575, que establece que el personal del Estado se regirá por las normas estatutarias en cuanto al ingreso, deberes, derechos, responsabilidad administrativa y cesación de funciones. Indica que la vulneración del artículo 1°, incisos 2° y 3°, del Código del Trabajo resulta evidente, toda vez que no es posible aplicar normas del Código del Trabajo en lo referente a la acción de tutela deducida en autos, por cuanto ellas se contraponen absolutamente al régimen contenido en el sistema normativo de derecho público que regula los cargos a contrata. Concluye que el conocimiento jurisdiccional corresponde al juzgado civil pertinente. Agrega, por otra parte, que los funcionarios públicos disponen de un procedimiento especial de reclamo para la defensa de sus derechos, que es conocido por la Contraloría General de la República, conforme prevé el artículo 160 del Estatuto Administrativo, el que excluye la aplicación del procedimiento de tutela laboral, sin generar desventajas ni discriminaciones para el funcionario. El recurrente postula, por último, que son las propias normas que regulan el procedimiento de tutela laboral (se refiere a los artículos 485, 486 y 489 del Código del Trabajo), las que restringen su aplicación al ámbito de las relaciones jurídicas cuyo conocimiento corresponde al ámbito laboral.

2°) Que el recurrente invoca, en forma subsidiaria, la causal del artículo 478 letra a) del Código del Trabajo, esto es, cuando la sentencia ha sido dictada por juez incompetente, dando por expresamente reproducidos los argumentos esgrimidos en relación a la causal anterior y señalando, bajo este capítulo de nulidad, que la sentencia fue dictada por un juez con falta de jurisdicción para conocer el asunto.

3°) Que, también de manera subsidiaria, el recurrente invoca la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, por haberse incurrido en infracción del artículo 485 y 3° letra a) ambos del Código del Trabajo, sosteniendo que el juez hizo una falsa aplicación de dichas normas ya que el primero de los citados es claro al establecer que la acción de tutela se aplica a aquellas partes que se encuentran relacionadas por un vínculo de subordinación y dependencia y que las conductas denunciadas deben ser efectuadas por el empleador, concepto que de acuerdo a lo previsto en el artículo 3° letra a), no puede alcanzar a un órgano descentralizado del Estado. Por esta razón el juez a quo, señala, debió haber rechazado la acción por falta de legitimación pasiva.

4°) Que, enseguida, el recurrente interpone, siempre en carácter subsidiario, la causal de nulidad contemplada en el artículo 477 del Código del Trabajo, por haberse infringido el artículo 10 de la ley 18.834, que establece que los empleos a contrata durarán como máximo hasta el 31 de diciembre de cada año y que los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones por el sólo ministerio de la ley, salvo que se proponga la prórroga con 30 días de anticipación. Manifiesta que se trata de empleos transitorios y por lo mismo su estabilidad es precaria, de manera que no puede existir un despido discriminatorio, como reclama el demandante, dado que su vinculación con el Servicio terminó por el vencimiento de plazo para el cual fue contratado, por el solo ministerio de la ley. Agrega que el ordenamiento jurídico reconoce a la autoridad la facultad para poner término a la contrata en el caso que no se requiera contar con sus servicios.

5°) Que el recurrente ha alegado, además, en forma subsidiaria, la causal de nulidad del artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, esto es, por haberse dictado la sentencia con infracción manifiesta de las normas sobre apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica. Señala que el demandante alegó una discriminación directa en el despido por razones sindicales, e indirecta, porque la no renovación de la contrata no se fundaría en la capacidad e idoneidad para el cargo, y que el sentenciador concluyó que los servicios del demandante habían concluido por un acto discriminatorio en razón de antisindicalidad, sobre la base de una ponderación de la prueba que el recurrente analiza detalladamente e impugna, destacando los errores y omisiones que, a su juicio, se habrían cometido por el sentenciador. Concluye señalando que la sentencia infringe fundamentalmente las máximas de la experiencia, a que alude el artículo 456 del Código del Trabajo, en relación al 478 letra b), citado.

6°) Que, por último, el recurrente alega, en subsidio de todas las anteriores, la causal de nulidad contemplada en el artículo 478 letra e) del Código del Trabajo, esto es, afirma que la sentencia contiene decisiones contradictorias, por cuanto considera incompatible disponer, como lo hizo el fallo que impugna, que el demandado debe reincorporar al demandante a sus labores una vez ejecutoriada la resolución y, al mismo tiempo, decretar una medida cautelar que obliga al servicio a reincorporarlo dentro de quinto día hábil de notificada dicha resolución. Sostiene que ambas decisiones se anulan y que la medida cautelar va en contra del contenido esencial de la sentencia, desde que constituye la misma conducta pero anticipada, en circunstancias, además, que ésta tiene un carácter instrumental y no un fin en sí misma.

7°) Que, examinadas las tres primeras causales de nulidad, es posible advertir que tras ellas subyace el mismo reproche por el cual se ha recurrido de unificación de jurisprudencia, cual es que el Juzgado de Letras del Trabajo sería incompetente para conocer de las acciones de tutela laboral reguladas en el Código del Trabajo, atendido que quien ejerce la acción es un funcionario público que se desempeñaba bajo la modalidad a contrata para un órgano del Estado (Cenabast) y, en consecuencia, estaría sujeto al Estatuto Administrativo. De hecho, aunque la segunda causal es subsidiaria de la primera, el recurrente se remite a las argumentaciones hechas valer en relación a ésta y, la tercera, que dice relación con la legitimación pasiva de la demandada, apunta en definitiva al mismo objetivo que las anteriores. Serán, en consecuencia, objeto de estudio conjunto.

8°) Que la Tutela Laboral es un procedimiento nuevo y especial, introducido por la ley 20.087, con el objeto específico de proteger los derechos fundamentales del trabajador (en estricto rigor no es un procedimiento especial, puesto que su tramitación se efectúa conforme al procedimiento de aplicación general). Se trata, en definitiva, de un mecanismo o conjunto de reglas que permite al trabajador reclamar el resguardo y la protección jurisdiccional de sus derechos fundamentales en el ámbito de la relación laboral, cuando aquellos se aprecien lesionados por el ejercicio de las facultades del empleador.
Dicha nueva modalidad, aparece como la culminación de un proceso tendiente a introducir reglas sustantivas, orientadas a explicitar y reforzar la vigencia de los derechos fundamentales en el ámbito de las relaciones laborales, como las relativas a la prohibición de las discriminaciones (artículo 2° del Código del Trabajo) y las que consagraron la idea de ciudadanía laboral en la empresa (artículo 5°del mismo cuerpo legal), en cuanto se reconoce la función limitadora de los derechos fundamentales respecto de los poderes empresariales, en el seno de la relación de trabajo. En ese contexto y en busca de la vigencia efectiva en el ejercicio de los derechos fundamentales del trabajador, las normas de Tutela consagradas recientemente vienen a colmar ese vacío, al establecer una acción específica para salvaguardarlos, abriendo un espacio a lo que se ha denominado la “eficacia horizontal” de esa clase de derechos.
Así lo destacaba el mensaje presidencial que acompañó al proyecto de ley que dio origen a la modificación legal analizada, señalando que “uno de los pilares centrales del proyecto apunta a potenciar la vigencia plena, en el ámbito jurídico – laboral, de los derechos que el trabajador detenta no solo en cuanto trabajador sino en cuanto persona (derecho a la intimidad y vida privada, el honor y la propia imagen, el pensamiento político o religioso, la libertad de expresión, el derecho a no ser discriminado, etc.). Se trata en definitiva, del posicionamiento de los derechos fundamentales como ejes vertebradores de unas relaciones laborales plenamente democráticas. Dicha vigencia requiere, como condición necesaria, no sólo de un reconocimiento material, sino que también y ante todo, de mecanismos de tutela jurisdiccional eficaces e idóneos.” A su turno, en el debate parlamentario quedó de manifiesto que se trata de derechos fundamentales que exceden los que se han considerado tradicionalmente como derechos propiamente laborales (como el derecho a la sindicalización, negociación colectiva, entre otros) y que la nueva modalidad busca salvaguardar el ejercicio de los derechos de las personas, los cuales se estiman “inviolables en cualquier circunstancia, incluso al interior de la micro sociedad que es la empresa, y están garantizados para todos los habitantes en la Constitución Política.” (Cámara de Diputados, Legislatura 352, Sesión 51, 16 de marzo de 2005)

9°) Que, con respecto a las normas denunciadas como infringidas en las causales de nulidad aludidas en el motivo séptimo, resulta necesario establecer, en primer lugar, el correcto sentido y alcance del artículo 1° del Código del Trabajo, que señala:
“Las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores se regularán por este Código y por sus leyes complementarias.
“Estas normas no se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de la Administración del Estado, centralizada y descentralizada, del Congreso Nacional y del Poder Judicial, ni a los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o de aquéllas en que tenga aportes, participación o representación, siempre que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial.
“Con todo, los trabajadores de las entidades señaladas en el inciso precedente se sujetarán a las normas de este Código en los aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias a estos últimos.
“Los trabajadores que presten servicios en los oficios de notarías, archiveros o conservadores se regirán por las normas de este Código”.

10°) Que, por otra parte, conforme a lo dispuesto en el artículo 1° de la ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto se encuentra actualmente refundido y sistematizado en el DFL 29 del año 2004, las relaciones entre el Estado y el personal de los Ministerios, Intendencias y Gobernaciones y de los Servicios Públicos centralizados y descentralizados, creados para el cumplimiento de la función administrativa, se regularán por las normas de dicho estatuto, con las excepciones que establece el inciso 2° del artículo 21 de la ley 18.575.
En tanto, el artículo 3° letra c) del mencionado Estatuto, define el empleo a contrata, como “aquel de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución”.
En la especie, la sentencia de nulidad que se reemplaza dejó establecido, en el motivo segundo, que el demandante fue contratado en el año 2008, como funcionario de la Central Nacional de Abastecimientos -órgano descentralizado del Estado-  para desempeñar servicios en calidad de contrata, por lo que concurren a su respecto los presupuestos para entender comprendida su situación jurídica en la hipótesis prevista en el inciso segundo del artículo 1° del Código del Trabajo, antes transcrito.

11°) Que, si bien el inciso segundo del artículo 1° del Código del Trabajo excluye de la aplicación de sus normas a las personas que indica, en la medida que se encuentren sometidas por ley a un estatuto especial, cuyo es el caso de los funcionarios de la Administración del Estado como el demandante, según se ha anotado precedentemente, lo cierto es que el inciso tercero de la referida norma prevé la posibilidad de que a “los trabajadores de las entidades señaladas en el inciso precedente”, les sean aplicables las normas del Código del Trabajo, si concurren los siguientes requisitos, copulativos, a saber, que se trate de materias o aspectos no regulados en sus respectivos estatutos y, en seguida, que ellas no fueren contrarias a éstos últimos.

12°) Que, en relación al primero de los requisitos antes señalados, es posible establecer que revisadas las disposiciones del citado Estatuto Administrativo no se advierte que contenga normas que regulen un procedimiento jurisdiccional especial para conocer y resolver denuncias de vulneración de derechos fundamentales que afecten a los funcionarios en el ámbito de la relación de trabajo. En efecto, el procedimiento especial de reclamo consagrado en el artículo 160 del Estatuto Administrativo, al que ha aludido la demandada, es un recurso de carácter administrativo que conoce la Contraloría General de la República, por vicios de legalidad que pudieren afectar los derechos conferidos a los funcionarios en dicho Estatuto. Lo anterior significa que el funcionario no tiene acceso a la jurisdicción, sino sólo a la revisión administrativa del órgano contralor, cuestión esencial que hace que ambos procedimientos no resulten homologables, sin perjuicio que, además, la materia objeto del reclamo administrativo se limita a los vicios o defectos de que pueda adolecer un acto administrativo, en circunstancias que el procedimiento de tutela laboral comprende cualquier acto ocurrido en la relación laboral que, como consecuencia del ejercicio de las facultades del empleador, implique una lesión en los derechos fundamentales del trabajador, en los capítulos que especifican los incisos 1° y 2° del artículo 485 del Código del Trabajo.
Por otra parte, la recurrente no ha precisado su afirmación en cuanto a que el “conocimiento jurisdiccional (de los hechos denunciados por el demandante) corresponde al juzgado civil pertinente”.
En consecuencia, las reflexiones precedentes conducen a sostener que se cumple el primer requisito previsto en la norma, cual es que exista un vacío legal en el estatuto especial, respecto de una materia o aspecto que sí se encuentra regulado en el Código del Trabajo, como es el procedimiento de Tutela Laboral a través del cual se busca proteger al trabajador, por la vía jurisdiccional, en el goce o disfrute de sus derechos fundamentales en el ámbito del trabajo.

13°) Que, tocante al segundo requisito previsto en el inciso tercero del artículo 1° del Código del Trabajo, que exige que las normas que habrían de aplicarse en forma supletoria no sean contrarias a las disposiciones del estatuto especial, es menester señalar que tampoco se encuentra en el Estatuto Administrativo algún capítulo o norma que pugne con la protección de los derechos fundamentales de los funcionarios públicos y, es que no se advierte cómo normas protectoras de dichos derechos podrían ser incompatibles con lo dispuesto en el estatuto especial que rige a aquellos funcionarios, toda vez que es dable asumir que el Estado, en cuanto empleador, ha de cumplir con el deber de asegurar el pleno respeto de los derechos fundamentales de que también son titulares los funcionarios que trabajan en la Administración del Estado.
Se equivoca, pues, la demandada, al pretender contraponer lo dispuesto en el artículo 15 de la ley 18.575, que establece que el personal del Estado se regirá por las normas estatutarias en cuanto al ingreso, deberes, derechos, responsabilidad administrativa y cesación de funciones, con el procedimiento de tutela laboral, toda vez que este último tiene por objeto la defensa de los derechos fundamentales del trabajador en el ámbito laboral y, en ningún caso, modificar u obviar el estatuto laboral que rige a los funcionarios públicos, respecto de quienes lo que se pretende es aplicar -cualesquiera sean las características del régimen de trabajo- un mismo estándar en cuanto al respeto de los derechos fundamentales por parte del empleador.
En consecuencia, satisfechos los requisitos establecidos en el inciso tercero del artículo 1° del Código del Trabajo, no resulta existir inconveniente para la aplicación supletoria de las normas que se consagran en el párrafo 6° del Título I del Libro V del referido cuerpo legal, respecto de la tutela de derechos fundamentales, a los funcionarios que se encuentran sujetos al Estatuto Administrativo.

14°) Que, la conclusión anterior guarda armonía con lo dispuesto en el artículo 485 del Código del Trabajo, que establece que el procedimiento de Tutela Laboral “se aplicará respecto de las cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de las normas laborales, que afecten los derechos fundamentales de los trabajadores”. En efecto, el lenguaje utilizado en el inciso tercero del artículo 1° del cuerpo legal citado, no deja lugar a dudas en cuanto a que los funcionarios públicos son considerados también trabajadores, toda vez que luego de enunciarse, en el inciso segundo, los órganos a los cuales no se les aplicarán las normas del Código del Trabajo   -entre los que se menciona a los funcionarios de la Administración del Estado, del Congreso Nacional, del Poder Judicial y de las empresas del Estado- se indica en el inciso tercero, “Con todo, los trabajadores de las entidades señaladas en el inciso precedente se sujetarán a las normas de este Código”, sin hacer distinción de ninguna especie en cuanto al tipo de entidad a que se refiere el inciso segundo.
Lo anterior está en concordancia, además, con la forma en que es concebida la excepción a la regla del inciso primero del artículo 1° del cuerpo legal citado. La regla del inciso primero es una de carácter general, por la que se sujeta las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores a las normas del Código del Trabajo y la excepción contenida en el inciso segundo, se refiere a una situación particular, que excluye a determinados trabajadores de la norma general. Así, el inciso segundo establece que “estas normas no se aplicarán, sin embargo, a los funcionarios de la Administración del Estado”, lo que quiere decir que, no obstante ser éstos trabajadores quedarán sometidos en sus relaciones con el Estado, a la ley especial que los regule. La expresión sin embargo, utilizada en este contexto, es ilustrativa y permite reforzar lo que se viene diciendo, ya que implica que aun cuando la hipótesis es la reseñada en el inciso primero -es una relación laboral entre empleador y trabajador- se establecerá respecto de ella una solución distinta. Entenderlo de otra manera, haría inútil la expresión en comento.

15°) Que las reflexiones precedentes permiten descartar la interpretación que del artículo 3° letra a) del Código del Trabajo hace el recurrente, así como la mención al artículo 4° del mismo cuerpo legal. En efecto, una vez entendido que la relación entre el funcionario público y el Estado es una relación laboral, aunque sujeta a un estatuto especial, no resulta procedente privar a los primeros de un procedimiento que está llamado a determinar el cumplimiento o la vigencia de derechos fundamentales en la relación de trabajo, por el sólo hecho de que las referidas normas asocien el término empleador a un contrato de trabajo  -y no a un decreto de nombramiento- o se refieran al empleador como a un gerente o administrador, olvidando que el Estado, en su relación con los funcionarios que se desempeñan en los órganos de la Administración, ejerce funciones habituales de dirección -términos que utiliza el artículo 4°citado- como lo hace todo empleador, lo que no es incompatible con el hecho de que se trate de órganos destinados a desempeñar una función pública.
Desde esta perspectiva, entonces, tampoco existe impedimento para aplicar las normas de Tutela a los funcionarios de la Administración del Estado, en la medida que su ámbito de aplicación abarca o comprende a todos los trabajadores sin distinción, calidad que -como se dijo- también poseen los referidos funcionarios.
16°) Que, así las cosas, debe concluirse que el Juzgado de Letras del Trabajo es competente para conocer de la demanda de autos, toda vez que el artículo 420, letra a) del Código del Trabajo, lo habilita para conocer las “cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores, por aplicación de las normas laborales” y la acción de tutela laboral, ejercitada por un funcionario público que denuncia una conducta de su empleador que, a su juicio, afecta sus derechos fundamentales es, precisamente y a la luz de lo preceptuado en el artículo 485 del Código del Trabajo, una de aquellas “cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de las normas laborales”, que la referida judicatura está llamada a resolver, conforme a la interpretación de la normativa laboral que aquí se ha venido desarrollando.
No es baladí para la interpretación que se efectúa, el especial significado que reviste la consagración de un instrumento de defensa de derechos fundamentales al interior de la relación laboral, que el trabajador aprecie le son desconocidos o lesionados por el empleador en el ejercicio de sus facultades, derechos de aquellos consagrados en el artículo 19 de la Carta Fundamental, en los capítulos que especifica el inciso primero y segundo del artículo 485 del Código del Trabajo. Se trata en definitiva, como señalaba el mensaje presidencial antes citado, “del posicionamiento de los derechos fundamentales como ejes vertebradores de unas relaciones laborales plenamente democráticas”, para lo cual ha de tenerse presente que “su vigencia requiere, como condición necesaria, no sólo de un reconocimiento material, sino también y ante todo, de mecanismos de tutela jurisdiccional eficaces e idóneos”.
Así las cosas, atendida la entidad y naturaleza de los derechos que por esta vía se pretende proteger, los que según también se dijo, deben considerarse “inviolables en cualquier circunstancia”, no existe una razón jurídica valedera para excluir de su aplicación a toda una categoría de trabajadores, como son los funcionarios públicos, particularmente si se toma en consideración que los elementos de subordinación y dependencia propios de la relación laboral, se dan fuertemente en el contexto de las relaciones del Estado con sus trabajadores, siendo éste un espacio en el cual la vigencia real de los derechos fundamentales puede verse afectada a consecuencia del ejercicio de las potestades del Estado empleador.
Es menester destacar que el Estatuto Administrativo ha sido modificado por leyes recientes para consagrar la vigencia del derecho del funcionario a no ser discriminado por el empleador -artículo 17 inciso 2°- y ha reconocido su dignidad como persona humana, prohibiendo todo acto entre los mismos compañeros de labores en que ésta se vea afectada. Ello confirma que la Administración del Estado no es ajena al compromiso de velar porque los derechos fundamentales de los funcionarios sean respetados y conduce a promover una interpretación que permita integrar las normas del Código del Trabajo que estén orientadas a hacer posible, en los hechos, el ejercicio de tales derechos.

17°) Que, lo antes reflexionado permite sostener que el fallo impugnado, al hacer una interpretación restrictiva de los artículos 1°, 420 y 485 del Código del Trabajo, en relación a las normas del Estatuto Administrativo examinadas, en virtud de la cual establece que a los funcionarios públicos no les resulta aplicable el procedimiento de tutela laboral contemplado en el Código del Trabajo y, en consecuencia, que los Juzgados Laborales son incompetentes para conocer de las acciones que ellos deduzcan para denunciar la vulneración de sus derechos fundamentales en el ámbito de trabajo, se aparta de la interpretación que esta Corte estima correcta y, en consecuencia, se debe proceder a unificar la jurisprudencia en el sentido anotado en los motivos anteriores.

18°) Que, atendido que las restantes causales de nulidad invocadas de manera subsidiaria -reseñadas en los motivos 4°, 5° y 6° de la presente sentencia- están concernidas a aspectos o materias ajenas al recurso de unificación de jurisprudencia intentado por la parte demandante, y respecto de las cuales, además, la Corte de Apelaciones de Santiago no emitió pronunciamiento, corresponde que estos autos se remitan a dicho tribunal para la decisión pertinente.
Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y lo preceptuado en los artículos 483 y siguientes del Código del Trabajo, se rechaza el recurso de nulidad deducido por el Consejo de Defensa del Estado, en representación de la demandada, Central Nacional de Abastecimiento, en contra de la sentencia dictada por el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago,  con fecha veinticuatro de junio de dos mil trece, bajo el RIT T-118-2013, RUC1340008096, sólo en lo que dice relación con la causal principal de falta de jurisdicción y las dos subsidiarias invocadas a continuación, relativas a la incompetencia del tribunal y a la falta de legitimación pasiva, respectivamente.
Teniendo en consideración lo antes resuelto, vuelvan los autos a la Corte de Apelaciones de Santiago, con el objeto que se pronuncie sobre las restantes causales de nulidad invocadas de manera subsidiaria.

Acordada la sentencia en contra del voto del Abogado Integrante señor Guillermo Piedrabuena Richard, en virtud de los fundamentos expuestos en el voto de minoría  del fallo que acogió el presente recurso de unificación de jurisprudencia.
Redactó la ministra señora Andrea Muñoz, y el voto disidente su autor.
Regístrese y devuélvase.

N°10.972-2013.
Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Ricardo Blanco H., señora Gloria Ana Chevesich R., señor Carlos Aránguiz Z., señora Andrea Muñoz S., y el Abogado Integrante señor Guillermo Piedrabuena R. No firma el Ministro señor Aránguiz, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar con permiso. Santiago, treinta de abril de dos mil catorce.   
Autoriza la Ministra de Fe de la Excma. Corte Suprema.
En Santiago, a treinta de abril de dos mil catorce, notifiqué en Secretaria por el Estado Diario la resolución precedente.

IMPORTANCIA DEL PROCEDIMIENTO DE TUTELA LABORAL PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS.

Escrito el 25 de Agosto 2014 Por Francisco Acuña  |  tag: Los trabajadores del sector público no se encuentran limitados por el Estatuto Administrativo para encontrar protección por medio del procedimiento de tutela ante una vulneración de sus Derechos Fundamentales.

Tradicionalmente los trabajadores del Estado han visto limitado el acceso a los tribunales del trabajo al no haberse regulado en el ordenamiento jurídico una acción específica a tales efectos, restringiéndolos al control que de su situación efectúa la Contraloría General de la República, organismo que no ejerce jurisdicción por expresa disposición constitucional sino que se encarga de fiscalizar el cumplimiento de las normas estatutarias que los regulan en exámenes de mera legalidad administrativa.

Cabe considerar que el recurso de protección es de carácter extraordinario, y su sólo ejercicio masivo por los trabajadores públicos daba cuenta de la inexistencia de una acción jurisdiccional ordinaria a la que acceder, además de haber resultado en el orden empírico y normativo –siguiendo los estándares internacionales de derechos humanos- manifiestamente insuficiente para el control de las vías de hecho administrativas de las que son víctimas los trabajadores cuando su empleador es un servicio público, baste para constar ello un examen de la jurisprudencia en los últimos 4 años.

Por su parte, la Contraloría General de la República, no ha tenido la capacidad para dar cuenta de los fenómenos de abuso de poder que se traducen en vulneraciones de derechos de los trabajadores públicos, resultando desbordada en la materia por su propia competencia orgánica, restringida al exámen de la legalidad administrativa y, en ese contexto, a evaluar si una autoridad utilizó o no su potestad discrecional pero no sí habiéndola ejercido hubo exceso, desviación o abuso de poder.

En segundo lugar, este acceso a la jurisdicción ocurre en la específica materia referida a ciertos derechos fundamentales honra, intimidad, integridad física y psíquica (derecho a no sufrir acoso), derecho a la no discriminación, entre otras,  posicionando al funcionario público como trabajador lo que tradicionalmente le era negado por el Consejo de Defensa del Estado, en una relación que es considerada laboral. La tutela es un procedimiento nuevo de la misma naturaleza que el recurso de protección, introducido por la reforma laboral que protege a los trabajadores en determinados derechos fundamentales cuando estos se vean lesionados por actos del empleador en el ámbito específico de las relaciones de trabajo. El fallo establece un criterio de igualdad entre todos los trabajadores del país, en orden a que sin distinción de su régimen estatutario están protegidos por esta acción judicial inédita en nuestro ordenamiento jurídico. Por tanto, si durante la vigencia de la relación laboral o con ocasión del término de la misma el funcionario público es vulnerado en su derecho a la honra, a la intimidad (correos, vestimentas, etc.), a la integridad psíquica (acoso laboral), o es discriminado por sindicación, opinión política, religión, origen social, etc. puede denunciar el hecho ante el Juez del Trabajo para que éste adopte las medidas de protección u ordene indemnizarlo, según corresponda.

En consecuencia, se trata de un cambio de paradigma que coloca a los trabajadores públicos y sus asociaciones representativas en situación de empoderamiento frente al Estado empleador, en que la autoridad de turno  puede ser controlada por un poder independiente e imparcial tiene facultad para evaluar sus actos y eventualmente ordenar medidas de reparación en su contra.

Para la ciudadanía, a cuyo servicio está el Estado, el fallo introduce una garantía de probidad pública, pues el trabajador público está asegurado por primera vez contra las represalias en el ámbito del empleo en los casos que denuncie un acto irregular o represente una ilegalidad, lo que tradicionalmente no sucedía, habiéndose generado una práctica perniciosa que tenía su origen en la vulnerabilidad del empleo público frente a los abusos de poder.

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